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23/06/2009 8:24
gobiernodecanarias.org (22/06/2009)
"El convenio firmado hoy constituye el segundo Plan de Emergencia puesto en marcha por el Gobierno canario para paliar los efectos de la crisis económica y, para ello, el Gobierno se apoya en los ayuntamientos como la administración más cercana a la ciudadanía", aseguró hoy el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, en el trascurso de la firma de un convenio de colaboración con la Federación de Municipios de Canarias.
Según explicó Rivero, se trata del segundo Plan de Emergencia social municipal de apoyo a las familias en dificultad económica por motivo de la crisis económica puesto en marcha por el Ejecutivo regional
Este acuerdo supone, además, que el Gobierno aporta seis millones de euros que los municipios repartirán entre las familias más afectadas por la crisis, según criterios de solidaridad, población e índice de paro.
El presidente del Ejecutivo canario subrayó el trabajo de elaboración conjunta entre la Consejería de Bienestar y la Fecam para establecer los criterios de reparto de este plan de choque, que se enmarca dentro de las medidas que el Ejecutivo canario ha venido realizando con el fin de paliar los efectos de la crisis como son el Pacto social por la Economía y el Empleo, las ayudas al alquiler que se gestionan a través del Plan Canario de Vivienda, el incremento este año en un 6% del plan concertado de prestación básicas y la financiación de la contratación de 200 trabajadores sociales para la atención a las personas más necesitadas así como la priorización de ayudas a las familias en las que todos sus miembros están en paro.
"De esta forma, el Gobierno canario ha trabajado en dos tipos de medidas, las coyunturales, dirigidas directamente a ayudar a las familias más necesitadas, y las estructurales, dirigidas a establecer las bases de una nueva economía canaria", indicó Rivero.
Además, explicó que "si el pasado año, el Gobierno destinó cuatro millones de euros para ayudar 9.000 familias que estaban amenazadas por un desahucio, por impago de los alquileres, el agua o la luz, para el presente ejercicio el presupuesto se ha elevado hasta seis millones de euros".
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, aludió a los criterios de reparto pactado en este convenio, en virtud de los cuales el 20% de las ayudas corresponden al reparto lineal por municipios, el otro 20% a criterios de población activa, total y desempleada, y el 60% al número de parados que exista en cada municipio.
La consejera de Bienestar Social indicó que este convenio supone un punto de partida para que otras instituciones, como los cabildos, "e incluso para las entidades financieras como los bancos y cajas, para que a través de su Obra Social, lleven a cabo acciones que mejore la situación de las familias más necesitadas.
Para Rojas, "ante el importante aumento de la demanda de los servicios sociales como consecuencia de la crisis económica que está afectando al conjunto del Estado, y en particular a la Comunidad Autónoma de Canarias, con un índice de paro superior al del territorio peninsular, es preciso adoptar acciones especificas para luchar contra la misma, ampliando, con una financiación extraordinaria, la prestación de los servicios sociales básicos que, aunque es competencia de los municipios, el Gobierno asume el compromiso de apoyo a las familias".
Rojas destaca que "esta fórmula permite que las ayudas lleguen de forma más rápida y eficaz a las personas", en este sentido, indicó que permite mejorar el control de reparto de estas ayudas para que "sea lo más justa y solidaria posible".
Por su parte, el presidente de la Fecam Lázaro Brito Hernández, se complació del convenio firmado "fruto de la relación de la comisión de Asuntos Sociales y la Fecam, que ha venido trabajando para hacer que este convenio se culmine con éxito".
Además, indicó, que este acuerdo llegará a los 88 municipios en vez de los 72 que llegó el anterior Plan, por lo que se garantiza una mayor solidaridad.
Asimismo, manifestó que la Fecam trabajará para incentivar las políticas que lleguen a las personas más necesitadas, mediante la mejora de las vías de atención a la ciudadanía intentando ofrecer soluciones rápidas a las familias ante hechos de urgencia como son los desahucios, la falta de alimentos o la imposibilidad de pagar la luz o el agua.
"La idea es agilizar los procedimientos administrativos con el fin de poner a disposición del ciudadano los recursos más directos y más rápidos posibles", concluyó.
La finalidad del presente convenio es cooperar para que los Municipios de Canarias palien la actual situación de crisis económica ante la que se encuentra el colectivo más desfavorecido de canarios y canarias, dado el importante aumento del paro y de la demanda de servicios social, a fin de que puedan afrontar de forma eficaz e inmediata las ayudas de emergencia social solicitadas por sus municipios.
Ampliación de las ayudas de la Prestación Canaria de Inserción
Este nuevo Plan de Emergencia Social se completa con la gestión de la Prestación Canaria de Inserción, que ha sido reforzado en el Pacto Social por el Empleo, firmado por el Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y organizaciones sindicales y empresariales el pasado cuatro de junio.
En la actual situación de recesión económica, podrán ser excepcionalmente beneficiarios de las ayudas de la Prestación Canaria de Inserción aquellas unidades familiares en las que, estando en situación de desempleo sus miembros y habiendo dejado de percibir todos ellos prestaciones por desempleo y otras no contributivas, concurran circunstancias que las coloquen en situación de extrema necesidad.
En estos casos, el itinerario de inserción será de obligado cumplimento y la prestación económica, será como máximo de un año y oscilará entre 451 euros y 629 euros, según los miembros de la unidad familiar y la capacidad económica y patrimonial del beneficiario, que se determinará sin computar la vivienda o el alojamiento en propiedad que constituya la residencia habitual de la unidad de convivencia.
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