El Día/AGS (24/06/2009)
La Conferencia Sectorial de Empleo aprobó ayer, por mayoría, los nuevos criterios de distribución de fondos para las autonomías de los programas financiados por el Ministerio de Trabajo en materia de empleo y formación para desocupados. Estos nuevos criterios, a los que se opusieron Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Murcia y Navarra, estarán vigentes de 2010 a 2013 y tendrán en cuenta, entre otras cosas, el número de parados de cada comunidad y el número de demandantes de empleo, así como los dictados del Fondo Social Europeo (FSE).
Los nuevos criterios garantizan que ninguna autonomía reciba menos de lo que estaba ingresando hasta la fecha para gestionar estos programas, cuya financiación corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem). "Todas las comunidades tendrán, como mínimo, los ingresos del último año, y los fondos de cada una se equipararán con su situación de desempleo", explicó en una rueda de prensa la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo.
La sectorial de ayer aprobó, además, reforzar los servicios públicos de empleo con el mantenimiento de los 1.500 orientadores laborales incluidos en el plan de choque que se puso en marcha en 2008. Contratados en principio por un año para diseñar itinerarios laborales y ayudar a los desempleados, permanecerán en sus puestos dos años más, hasta 2011.
Para prolongar la actividad de estos profesionales en las redes autonómicas de los servicios públicos de empleo se destinarán 50 millones de euros en 2010 y 33,4 en 2011, a los que hay que sumar los 16,7 invertidos ya este año.
Gobierno y comunidades autónomas acordaron, además, una propuesta para la "refundición" de los actuales programas de empleo que financia el Estado y gestionan las comunidades, lo que, según Rojo, supone más flexibilidad y menos trabas administrativas.
"No" al despido barato
La secretaria general también informó de que se distribuirán 40 millones de euros para reforzar los centros especiales de empleo, donde trabajan personas con problemas de discapacidad, y otros 5 millones para fomentar el empleo en sociedades cooperativas.
Por otra parte, el gobernador del Banco de España, Gregorio Fernández Ordóñez, insistió ayer, en el Congreso, en que es "ineludible" acometer una reforma laboral y actuar para evitar que el aumento del paro "se enquiste", una reclamación a la que se sumó, en otro acto, el titular de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
Las condiciones laborales deben ajustarse a la situación económica y a sectores específicos, continuó Ordóñez, quien matizó que "jamás" ha defendido un abaratamiento del despido.
En Nigeria, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró de forma rotunda que cumplirá su programa de gobierno y de investidura, que no incluyen un abaratamiento del despido ni reformas laborales que restrinjan los derechos de los trabajadores.